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Presenté mi solicitud antes del 19 de mayo de 2026: ¿qué ley se aplica a mi proceso de nacionalidad?

Respuesta directa

Si su procedimiento administrativo ya estaba pendiente al 19 de mayo de 2026, la ley aplicable al mismo es la Lei n.º 37/81 en su redacción anterior —no la redacción que entró en vigor en esa fecha. Quien determina esto es el artículo 7.º, n.º 2, de la Lei Orgânica n.º 1/2026, de 18 de mayo.

Esa es la regla. La parte que exige cautela es lo que significa en su caso concreto: qué texto exactamente es "la redacción anterior", en qué puntos difiere de la actual y —la pregunta que la ley no responde— qué cuenta como procedimiento "pendiente" a esa fecha.

Este artículo recorre estos tres puntos, citando los artículos de la ley. No sustituye el análisis de su proceso.

Antes de continuar: este contenido es meramente informativo y no sustituye un análisis jurídico de su caso. Todo caso debe analizarse de forma individualizada.

Qué dice, exactamente, la regla de transición

La Lei Orgânica n.º 1/2026, de 18 de mayo, modificó 16 artículos de la Lei da Nacionalidade, derogó otras disposiciones y republicó la Lei n.º 37/81 en su anexo. Entró en vigor el 19 de mayo de 2026.

Su artículo 7.º aborda la aplicación en el tiempo: la ley produce efectos a partir de su entrada en vigor y, en el n.º 2, determina que a los procedimientos administrativos pendientes al 19 de mayo de 2026 se les aplica la Lei n.º 37/81 en su redacción anterior.

Del texto se desprenden dos lecturas prácticas:

  • Solicitud presentada y aún pendiente al 19-05-2026 → en principio, análisis según la redacción anterior.
  • Solicitud presentada a partir del 19-05-2026 → nueva redacción, con los requisitos más exigentes que entraron en vigor.

Fíjese en lo que la regla no dice: no convierte el proceso antiguo, no obliga a rehacer la solicitud bajo las nuevas reglas y no establece un plazo para "migrar" de régimen. Si encontró en internet la idea de que todos los procesos pasaron a regirse por las nuevas reglas, esto no se corresponde con el texto de la ley.

¿Qué texto es "la redacción anterior"?

Es la versión consolidada de la Lei n.º 37/81 que estuvo en vigor desde el 1 de abril de 2024 hasta el 18 de mayo de 2026 —cuya última modificación incorporada fue la Lei Orgânica n.º 1/2024, de 5 de marzo.

Conviene señalar un detalle técnico, ya que suele generar confusión a quien intenta verificarlo por cuenta propia en el Diário da República: el sitio web indexa las versiones por la fecha de publicación de la ley modificatoria, no por la fecha en que comienza a regir. Consultar la versión "a la fecha del 18-05-2026" ya arroja el texto nuevo. Para consultar la redacción anterior es necesario filtrar por el 17-05-2026 o una fecha anterior.

Un segundo punto, este más delicado: si su proceso fue iniciado formalmente antes del 1 de abril de 2024, la versión aplicable podría no ser ni siquiera esa. La Lei Orgânica n.º 1/2024 tiene sus propias reglas de aplicación en el tiempo, y la identificación de la redacción aplicable a un proceso antiguo es exactamente el tipo de cuestión que exige el examen del caso concreto.

Qué cambia, en la práctica, si su proceso sigue la redacción anterior

Esta es la parte que suele suscitar mayor interés, ya que es donde radica el efecto real de la regla de transición. La siguiente tabla compara los puntos que más impactan en los procesos ya en curso.

PuntoRedacción anterior (aplicable a procesos pendientes al 19-05-2026)Redacción en vigor desde el 19-05-2026
Tiempo de residencia en la naturalización común (art. 6.º, n.º 1, al. b)Cinco años de residencia legal, para cualquier extranjero, sin distinción de nacionalidadSiete años (países de lengua oficial portuguesa y Estados miembros de la UE) o 10 años (demás países)
Descendientes de portugueses originariosAntiguo art. 6.º, n.º 6: el Gobierno podía conceder la naturalización a los "tenidos por descendientes de portugueses originarios", con dispensa de los requisitos de residencia y de idiomaArt. 6.º, n.º 8: únicamente descendientes en 3.er grado en línea recta, y con residencia legal en Portugal desde hace al menos cinco años
Miembros de comunidades de ascendencia portuguesaPrevistos en el antiguo art. 6.º, n.º 6La categoría deja de existir
Descendientes de judíos sefardíesAntiguo art. 6.º, n.º 7 (junto con el n.º 13, relativo a la comisión de certificación)Ambos derogados
Requisito de idioma (art. 6.º, n.º 1, al. c)"Conocer suficientemente la lengua portuguesa"Acreditación mediante examen o certificado de lengua y cultura portuguesas, historia y símbolos nacionales
Requisitos adicionalesNo existíanConocimiento de los derechos y deberes fundamentales y de la organización política (al. d); declaración solemne de adhesión a los principios del Estado de derecho democrático (al. e); no ser destinatario de medidas restrictivas de la ONU/UE (al. h); capacidad de asegurar la subsistencia (al. i)
Antecedentes penalesAntigua al. d): condena con pena de prisión igual o superior a 3 años por cualquier delito punible según la ley portuguesaAl. f): pena de prisión efectiva superior a 3 años, pero únicamente por los delitos allí enumerados; pasa a ser una presunción relativa (iuris tantum), valorada por el Ministerio Público (art. 6.º, n.os 14 a 16)
Nacionalidad por adopción (art. 5.º)El adoptado por nacional portugués adquiría la nacionalidad (efecto automático)Adquiere mediante declaración
Cómputo acumulado de períodos de residencia (art. 15.º, n.º 3)Intervalo máximo único de 15 años6, 9 o 12 años, según se trate de apátridas / CPLP y UE / otros países
Tiempo de espera del título de residencia (art. 15.º, n.º 4)Se computaba el tiempo desde la solicitud de la autorización de residencia temporal, si esta resultaba concedidaDerogado
Suspensión del procedimiento (art. 13.º)Preveía la suspensión por condena superior a 1 año de prisión y mientras el interesado fuera destinatario de medidas restrictivas de la ONU/UEDerogado en su totalidad —la materia pasó a integrarse en los requisitos del art. 6.º
Plazo de oposición del Ministerio Público (art. 10.º, n.º 1)Un año a contar desde el registro de la adquisiciónDos años
Consolidación de la nacionalidad (art. 12.º-B)10 años, con un plazo especial de 18 meses para menores cuyo nacimiento estuviera inscrito en el registro civil portugués10 años; el plazo especial de 18 meses desaparece, y la consolidación no surte efecto si la titularidad se obtuvo de forma fraudulenta

Dos observaciones respecto a cómo interpretar esta tabla.

La primera: muestra que, para un conjunto relevante de procedimientos, la redacción anterior es más favorable —en particular para las solicitudes de naturalización por residencia y las presentadas como descendientes de portugueses originarios sin residencia en Portugal. Por esta razón, la regla del artículo 7.º, n.º 2, resulta de vital importancia para quienes ya habían presentado su solicitud.

La segunda: no todas las diferencias afectan a todos los procesos. Una solicitud de nieto que ya se tramitaba con fundamento en el artículo 1.º, n.º 1, letra d), por ejemplo, se ve impactada por puntos distintos a los de una solicitud de naturalización por residencia. La comparación relevante debe hacerse sobre su fundamento jurídico específico, y no respecto a la lista completa.

¿Qué califica como "procedimiento administrativo pendiente"?

En este punto debemos ser claros: la ley no lo define. El artículo 7.º, n.º 2, se refiere a "procedimientos administrativos pendientes" al 19 de mayo de 2026 y no especifica cuál es el hito temporal determinante: si la fecha en que se presentó formalmente la solicitud, la fecha en que tuvo entrada en los registros de los servicios competentes o la fecha del asiento registral interno de la petición.

En la práctica, esto implica que calificar su proceso como pendiente o no exige verificar la documentación concreta de lo que se tramitó y en qué fecha. Se trata de una cuestión de análisis caso por caso; los análisis que la presentan como una conclusión automática están simplificando un aspecto que la propia ley dejó sin resolver expresamente.

Lo mismo ocurre con dos situaciones análogas, tampoco resueltas en el texto legal:

  • Procesos judiciales ya iniciados —por ejemplo, una acción judicial de oposición a la adquisición de la nacionalidad promovida por el Ministerio Público. La regla se refiere expresamente a procedimientos administrativos; el alcance respecto de litigios ya radicados en sede judicial requiere una interpretación jurídica particular.
  • Registro posterior al 19-05-2026 de una solicitud pendiente —la nueva redacción añadió al artículo 19.º un n.º 2, en virtud del cual la inscripción registral del acto pasa a tener efectos constitutivos, previsión inexistente en la redacción anterior. El modo en que interactúa esta disposición con un trámite sustanciado al amparo de la ley antigua pero cuya inscripción registral acaece con posterioridad también exige un examen pormenorizado.

No es una respuesta categórica, pero es la respuesta jurídicamente certera: lo que la ley estipula con claridad es qué texto normativo rige; lo que omite definir es la calificación exacta de cada situación límite o de frontera.

Una confusión habitual: nacionalidad y autorización de residencia se rigen por leyes distintas

Muchas personas tramitan de forma simultánea una solicitud de nacionalidad y un proceso de residencia en Portugal, tratando ambas reformas normativas como si fuesen una sola. No lo son.

La nacionalidad se encuentra regulada por la Lei n.º 37/81, modificada por la Lei Orgânica n.º 1/2026, con el régimen transitorio previsto en su artículo 7.º. Por el contrario, la entrada, permanencia y residencia de extranjeros se rigen por la Lei n.º 23/2007, la cual cuenta con sus propias reformas recientes y con reglas de aplicación temporal que no coinciden con las de nacionalidad.

La modificación introducida por la Lei n.º 61/2025, de 22 de octubre, contempla una norma expresa en su artículo 8.º: la ley, según la redacción fijada por dicho diploma, "se aplica a los procedimientos administrativos y procesos judiciales iniciados con posterioridad a su entrada en vigor". Sin embargo, la Lei n.º 23/2007 volvió a ser modificada por la Lei n.º 62/2026, de 10 de septiembre, en vigor desde el 11 de septiembre de 2026, reformando decenas de artículos. Esta ley incorpora un artículo 10.º con la rúbrica "Aplicación de la ley en el tiempo", pero únicamente hace salvedad de las solicitudes y procedimientos pendientes tramitados al amparo de la Lei n.º 27/2008 (asilo y protección internacional) —sin prever una norma análoga respecto a los trámites pendientes de residencia—. Es decir: para un expediente de residencia en trámite no existe, bajo dicha reforma, una cláusula transitoria expresa equiparable a la del artículo 7.º, n.º 2, de la Lei Orgânica n.º 1/2026, por lo que el efecto de la nueva ley sobre aquel debe determinarse casuísticamente.

Se trata de regímenes jurídicos diferenciados con cronogramas propios. Extraer conclusiones sobre uno con base en el otro constituye un error frecuente y potencialmente perjudicial, al asumir erróneamente que un trámite goza de protección jurídica, o bien que carece de ella, sin contrastar el marco normativo específico.

Un aspecto práctico: el reglamento aún no ha sido adaptado a la ley

El artículo 4.º de la Lei Orgânica n.º 1/2026 otorgó al Gobierno un plazo de 90 días, computados desde su publicación oficial (18 de mayo de 2026), para modificar el Regulamento da Nacionalidade Portuguesa (Reglamento de la Nacionalidad Portuguesa) —anexo al Decreto-Lei n.º 237-A/2006, cuerpo normativo donde se pormenorizan los requisitos procedimentales y documentales de las solicitudes—.

Tras consultar el Diário da República el 9 de septiembre de 2026, la relación oficial de modificaciones de dicho decreto-ley no reflejaba reforma alguna durante 2026: la última actualización databa del 23 de julio de 2025. Esto evidencia que el plazo reglamentario de 90 días expiró en torno al 16 de agosto de 2026 y, a la fecha de la consulta, el reglamento ejecutivo no había sido formalmente adecuado a la reforma legal.

Recomendación de método

Para quienes mantienen un trámite pendiente, este desfase subraya una recomendación metodológica: verificar las exigencias documentales concretas directamente ante los organismos competentes, en lugar de guiarse por listados genéricos, así como dar seguimiento a la publicación del reglamento actualizado, el cual podría introducir criterios procedimentales de relevancia.

Qué medidas tomar ahora si presentó su solicitud antes del 19 de mayo de 2026

Ninguna de estas precisiones reduce los tiempos de tramitación: los plazos resolutivos dependen con exclusividad de los organismos públicos competentes y escapan al control de cualquier despacho jurídico. Lo que sí se encuentra a su alcance es contar con su expediente adecuadamente calificado y documentado:

1

Localice el comprobante de presentación

Con fecha fehaciente. Constituye la prueba documental idónea para sustentar la condición de procedimiento pendiente al 19 de mayo de 2026.

2

Identifique el fundamento jurídico de su solicitud

Atribución por ascendencia, naturalización por residencia, matrimonio o unión de hecho, adopción. Dicho fundamento determina cuáles apartados del cuadro comparativo anterior resultan aplicables a su situación.

3

Verifique si la solicitud fue interpuesta antes del 1 de abril de 2024

Circunstancia en la cual la versión legal aplicable podría diferir sustancialmente.

4

Recopile los requerimientos y notificaciones recibidos

Los términos y la oportunidad en que se haya dado respuesta a un requerimiento administrativo pueden incidir directamente en la ponderación del expediente.

5

No reinicie la solicitud por iniciativa propia presumiendo que "es más seguro bajo la ley nueva"

Ingresar un nuevo trámite en la actualidad supone, por regla general, someterse a la redacción vigente —la cual presenta mayores exigencias probatorias en diversos rubros—. Se trata de una decisión que requiere riguroso asesoramiento legal y no debe fundarse en consideraciones intuitivas.

Cómo puede ayudarle Studio Cidadania

Studio Cidadania es una firma boutique de abogacía internacional especializada en el ordenamiento jurídico portugués: nacionalidad portuguesa, convalidación de resoluciones judiciales extranjeras y derecho migratorio. Ante coyunturas de transición legislativa, nuestra labor se mantiene invariable: examinar rigurosamente la ley aplicable al caso específico, cotejar en fuentes normativas primarias el alcance de los cambios y trazar una estrategia técnica clara, sin promesas sobre resultados o plazos fuera de nuestro dominio.

Si su solicitud fue ingresada antes del 19 de mayo de 2026, la cuestión jurídica fundamental no radica en evaluar genéricamente si la nueva ley le perjudica, sino en determinar con precisión qué texto legal rige su procedimiento y qué requerimientos específicos le serán exigibles en lo sucesivo.

Preguntas frecuentes

Presenté mi solicitud de nacionalidad antes del 19 de mayo de 2026. ¿Me afecta la nueva ley?

De conformidad con el artículo 7.º, n.º 2, de la Lei Orgânica n.º 1/2026, a los procedimientos administrativos pendientes al 19 de mayo de 2026 se les aplica la Lei n.º 37/81 en su redacción anterior. Si su expediente se encontraba legalmente pendiente a dicha fecha, será dicha redacción previa la que discipline el proceso. Acreditar que el procedimiento revestía tal carácter, así como su cómputo temporal, dependerá de la prueba documental obrante en su expediente.

¿Debo formular una nueva solicitud bajo los parámetros normativos vigentes?

El marco normativo no contempla dicha obligación. La disposición transitoria preserva la sustanciación de los procesos pendientes al amparo de la redacción anterior, sin ordenar la conversión forzosa de régimen ni la formulación de una nueva petición. Interponer un nuevo trámite en la actualidad conllevaría, en principio, someterse al texto legal vigente —sustancialmente más riguroso en varios aspectos—, motivo por el cual constituye una determinación que debe sopesarse jurídicamente para cada situación.

¿Cuál es la diferencia primordial entre ambas versiones para quienes solicitaron la naturalización por residencia?

El período exigible de residencia legal. Conforme a la redacción previa, se exigían cinco años de residencia legal con alcance general para cualquier ciudadano extranjero (antiguo art. 6.º, n.º 1, letra b). Con arreglo al texto vigente desde el 19 de mayo de 2026, dicho plazo asciende a siete años respecto de nacionales de países de lengua oficial portuguesa y de Estados miembros de la Unión Europea, y a 10 años en relación con los demás Estados. Asimismo, se incorporaron requisitos que no existían precedentemente, tales como la acreditación de lengua, cultura, historia y símbolos nacionales mediante examen o certificación formal, además de la solvencia para asegurar la propia subsistencia.

¿Qué sucede con quien inició su trámite como descendiente de portugués originario sin residir en territorio portugués?

Bajo la redacción anterior, el artículo 6.º, n.º 6, facultaba al Ejecutivo a otorgar la naturalización a quienes fuesen "tenidos por descendientes de portugueses originarios", dispensándoles de los requisitos de residencia y competencia lingüística. En el régimen legal vigente, dicha causal fue sustituida por el artículo 6.º, n.º 8, restringido estrictamente a descendientes en 3.er grado en línea recta y sujeto a la exigencia de cinco años de residencia legal continuada en Portugal. Para un procedimiento pendiente al 19 de mayo de 2026, el marco sustantivo aplicable corresponde, por principio, al ordenamiento previo.

¿Qué se entiende jurídicamente por "procedimiento administrativo pendiente"?

El legislador no aportó una definición formal. El precepto normativo no delimita si el criterio determinante es la fecha de redacción o firma de la petición, su recepción registral por el órgano competente o el asiento interno de la solicitud. Se trata, por tanto, de una calificación jurídica que depende del análisis documental particular de cada expediente.

¿La regla de transición resulta igualmente aplicable a mi trámite de autorización de residencia?

No. Los estatutos de nacionalidad y de extranjería se rigen por cuerpos normativos independientes, dotados de cláusulas de eficacia temporal diferenciadas. La materia de residencia se encuentra disciplinada por la Lei n.º 23/2007: la reforma operada por la Lei n.º 61/2025, de 22 de octubre, contempló una disposición expresa (artículo 8.º: aplicable a procedimientos y procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor); a su vez, la Lei n.º 62/2026, de 10 de septiembre, vigente a partir del 11 de septiembre de 2026, modificó nuevamente la Lei n.º 23/2007, salvaguardando en su artículo 10.º únicamente los expedientes incoados bajo la Lei n.º 27/2008 (protección internacional). En consecuencia, para un trámite de residencia pendiente no existe una norma de transición equivalente a la del artículo 7.º, n.º 2, de la Lei Orgânica n.º 1/2026, debiendo determinarse su impacto casuísticamente.

¿Sufrirá demoras mi expediente como resultado de las reformas legislativas?

No resulta factible determinarlo de antemano. Los tiempos de tramitación y resolución competen de manera exclusiva a la administración pública y no están sujetos a la injerencia o control de los profesionales del derecho. La reforma legal determina el marco normativo de aplicación a su expediente, no el plazo temporal de su resolución.

¿Qué redacción legal resulta aplicable a su expediente?

Todo supuesto requiere una valoración individualizada. Determinar la condición de procedimiento pendiente, así como su cómputo temporal exacto, depende estrictamente de la documentación técnica de su caso.

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